El proyecto crea un aporte especial para peajes con el objetivo de instituir un sistema de financiamiento para obras viales en la provincia y su mantenimiento o reparación; y establece como prioritarios los tramos de las rutas 7, 17, 51 y 67, a los que ahora se suman los citados 5, 8 y 6.
La norma autoriza al gobierno provincial a incorporar nuevas rutas provinciales o nacionales asignadas por la Nación para mantenimiento en la provincia, que también podrán verse afectadas por el cobro.
También licitar conjuntamente con otra provincia los cruces interprovinciales, “e incorporar las rutas nacionales transferidas por la Nación a la provincia para su mantenimiento, además de nuevas rutas o tramos viales urbanos en convenio con los municipios”.
¿Quién va a pagar?
Respecto de quienes van a pagar el peaje, el artículo 6 establece que hasta el 99% de los vehículos ubicados en la provincia estarán total o parcialmente exentos, con lo que, según se ha dicho, la ley deja el alcance final al criterio del Ejecutivo. que tendrá la medida.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Vialidad o el organismo que la reemplace y deberá elaborar anualmente un informe sobre ingresos y destino de los fondos recaudados, el cual deberá elevarse al Poder Ejecutivo para su presentación al Poder Legislativo.
En cuanto a las cantidades a pagar, tampoco estaba especificado en la ley. El artículo 9 determina que “el valor del aporte del peaje deberá determinarse para cada tipo de vehículo, categoría, huso horario, peso de la carga transportada y número de ejes, quedando facultado para ello el Poder Ejecutivo Provincial”.
También se faculta para establecer “diferentes categorías de vehículos, a los efectos de determinar los valores diferenciales para los vehículos de transporte de carga y de transporte público ubicados en la provincia”.
A su vez, la norma señala que “cada concesión debe asegurar el pleno cumplimiento de su objeto, para luego cubrir los costos de operación y rentabilidad del concesionario” y que “la autoridad de aplicación debe sancionar a quienes violen o incumplan las disposiciones .” de esta ley y/o sus normas reglamentarias”.
La ley fue aprobada por amplia mayoría y rechazada por el bloque Unión por la Patria y los dos bloques de izquierda. El primero había impulsado un fallo minoritario, que consistía en cobrar un canon directo a las petroleras que operan en Vaca Muerta -YPF, Chevron, Shell, Equinor, Petronas, Vista y PAE-, cuyos vehículos pesados son los principales responsables. del deterioro de las rutas.
