Consejo de Estado admite demanda contra designación de José Ismael Peña – .

Según la demanda de Velasco, el acto de designación de Peña como rector “se vuelve ilegal porque fue dictado de manera irregular y violatoria del estándar superior”.

Además, la acción judicial sostiene que la decisión del CSU no habría tenido en cuenta la consulta previa realizada a la comunidad universitaria (a pesar de que los estatutos de la Universidad Nacional establecen claramente que estos resultados no son vinculantes, es decir, deben no ser aceptado, como votar en una elección), y que se violaron las normas en las que debe basarse la votación estatutaria, que exigen que el rector debe ser elegido por mayoría de votos de los miembros del Consejo.

Así, es importante señalar que esta decisión del Tribunal no significa que se pronuncia en contra del nombramiento, sino que la demanda interpuesta reúne las condiciones legales para comenzar a ser tramitada y resuelta por el alto tribunal.

De este modo, Ahora será el Consejo de Estado el órgano que deberá encargarse de determinar si el nombramiento de Peña fue legal o no, como sostienen algunos sectores, incluido el ministro ad hoc de Educación, Juan David Correa.

Este es, entonces, un paso fundamental para poner fin a la actual crisis institucional de la Universidad Nacional, ya que varias veces se ha insistido en la necesidad de que la justicia intervenga para resolver el conflicto.

Cabe recordar que esta misma semana se ha dado respuesta a otras acciones judiciales al respecto. Recientemente se emitió un fallo del Juzgado Octavo Penal del circuito de adolescentes en el que se negó una tutela que también había sido interpuesta con la intención de nombrar un sustituto para el profesor Ismael Peña.

​”Ciertamente la protección reclamada para ordenar al Consejo que designe un representante legal no sería adecuada.cuando su formalización se realizó conforme a las normas establecidas en la ley y reglamento interno de la Universidad y solo estaríamos esperando que el Ministerio de Educación agote lo requerido para contar con la respectiva certificación de representación legal”, concluyen desde ante el tribunal ante la solicitud realizada a nombre de la ciudadana Johanna Castiblanco Puentes.

La tutela fue interpuesta por Castiblanco, profesional vinculado al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, porque considera que se vulneraron sus derechos.
fundamental a la hora de formalizar el nombramiento del profesor José Ismael Peña como rector de la institución. Según la tutela, estos serían el derecho al trabajo, los mínimos vitales y la salud y la personalidad jurídica de la universidad, algo este último que no sería legítimo hacer en nombre de la institución.

Sin embargo, en el fallo señalan que respecto de los derechos individuales de este ciudadano “No existe prueba alguna que acredite que el aludido sería removido del cargo porque sólo existen valoraciones subjetivas al respecto a la vista del material probatorio aportado”.

Esta medida se suma al ambiente ya turbulento que existe al interior de la Universidad Nacional. De concretarse el nombramiento de un rector encargado, como ordenó el Ministerio de Educación, analistas consultados por EL TIEMPO han señalado que se podría sentar un precedente nefasto para la autonomía universitaria, abriendo la puerta a una injerencia directa del Gobierno en las instituciones. . de educación superior.

Otra consecuencia de la polémica fue la vacancia del cargo en el CSU que pertenece a los estudiantes tras la renuncia de la anterior diputada Laura Jiménez.

Dado este, Los estudiantes votaron y eligieron a Laura Quevedo como nueva representante ante el CSU. Llama la atención que esto se dio con una participación de 6.928 estudiantes, de los 56.673 que pudieron votar en la elección, una de las participaciones más bajas de la historia, menos del 13 por ciento del total de estudiantes participó.

Con la llegada de Quevedo, se esperaría que finalmente se alcanzara el quórum y las mayorías necesarias para proceder a la designación de un reemplazante de Peña, algo que algunos sectores consideran una amenaza directa a la autonomía universitaria, al tratarse de una orden del ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, y eso también podría generar más problemas legales, ya que no estarían dadas las condiciones legales para avanzar en la destitución.

Desde el movimiento estudiantil han manifestado que ven con buenos ojos la figura de un rector encargado como una forma de avanzar hacia una salida a la crisis de la Unal.
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​La premisa es que el nombramiento del profesor Peña es ilegítimo y antidemocrático, pues desconoce los resultados de la consulta interna que se realiza como parte del proceso electoral y en la que participan estudiantes, egresados ​​y profesores, pero que, según el reglamento universitario, no es vinculante cuando los miembros del CSU eligen al rector.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Editorial Educación