Caos en el norte de Chile por paro convocado por camioneros – .

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miércoles 15 de mayo de 2024

El Juzgado de Garantía de Arica decidió que el caso por la muerte del joven Franco Vargas, ocurrida durante un ejercicio de entrenamiento en el servicio militar, quedará en manos de la justicia civil chilena. El juez Juan Araya rechazó el pedido de la enviada especial de la Corte Suprema, Jenny Book, quien pidió que las investigaciones permanezcan en el fuero militar. Según el juez, en los lamentables hechos ocurridos en la comuna de Putre no solo resultaron afectados militares, sino también civiles, entre ellos Romy Vargas, madre del soldado fallecido. Hay una víctima que no es militar y esa jurisdicción no tiene la robustez de la unidad de atención especializada del Ministerio Público para proteger sus garantías, aseguró. El recluta perdió la vida durante una caminata en la madrugada a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar sin ropa de abrigo adecuada, y cuando él y otros compañeros ya estaban afectados por un virus respiratorio. Los responsables del cuartel aseguraron que fue trasladado con vida a un centro asistencial hospitalario, pero desmintieron la versión y confirmaron que ya había fallecido cuando lo recibieron. Otros 45 reclutas tuvieron que ser hospitalizados, dos en medio de una condición séptica grave y a uno tuvieron que amputarle la mano. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien es la querellante en el caso, afirmó que los jóvenes se encontraban bajo protección del Estado cuando ocurrió todo. Estamos convencidos, añadió, de que sufrieron graves violaciones a sus garantías fundamentales y que esto debe ser investigado y sancionado en los tribunales civiles. Santiago de Chile, 15 de mayo de 2024 Crónica Digital/PL

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