¿Es realmente la “gobernanza” de Atacama la peor de Chile? – .

¿Es realmente la “gobernanza” de Atacama la peor de Chile? – .
¿Es realmente la “gobernanza” de Atacama la peor de Chile? – .

El domingo 12 de mayo, el Diario de Atacama tituló en grandes caracteres las medidas sugeridas por los líderes regionales para mejorar la gobernabilidad regional, considerada la peor del país, con base en un estudio del Núcleo Milenio CEDIT.

El informe muestra la fuerte ideologización y politización de las fuerzas políticas regionales ante un problema que, en mi opinión, se da por sentado, sin más cuestionamientos y sin ningún análisis técnico. En mi opinión, el estudio CEDIT, que tanto revuelo ha generado en Atacama, adolece de severos problemas metodológicos que impiden sacar conclusiones científicas sobre la gobernanza regional en Chile (y menos aún sobre Atacama). En concreto, no es posible afirmar que la gobernabilidad de Atacama sea la peor del país.

Los autores del estudio aún no han mostrado en detalle la metodología del estudio (ficha técnica, cuestionario, municipios donde se realizó la encuesta e indicadores, como la tasa de no respuesta). La base de datos prometida no está disponible. Peor aún, en su presentación, en la Universidad Católica de Santiago, no fue posible hacer preguntas al ponente del estudio.

Si bien esto dificulta un mayor análisis del estudio CEDIT, con los datos publicados sobre su metodología es posible afirmar que los resultados sobre los índices de gobernanza regional carecen de validez y confiabilidad., dos condiciones básicas en cualquier investigación y encuesta de opinión pública. Expliquemos por qué.

La validez del estudio de “gobernanza” se ve afectada por el simple hecho de que no existe una correlación directa entre el concepto de gobernanza, las variables que de él se derivan y los indicadores utilizados para medirla. Específicamente, la gobernanza regional no puede medirse simplemente preguntando a sus habitantes sobre la calidad de los servicios públicos de salud, educación y seguridad pública.

Uno de los principales especialistas mundiales en la materia, Joan Prats, definió este concepto hace dos décadas como “la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil”. Y ese es el mismo concepto que utiliza CEDIT en su estudio. Hasta aquí todo bien, salvo que más adelante, en la operacionalización del concepto, se dejan seducir por la fácil tarea de preguntar sobre la experiencia de uso de determinados servicios públicos. Es decir, reducen el concepto a una variable y tres indicadores, que no logran medir el concepto de gobernanza regional asumido por sí mismos.

Tampoco hay referencia a datos administrativos que puedan comprobar que estas percepciones sean reales (de hecho, estudios del INE sobre seguridad ciudadana muestran que Atacama tiene los mejores índices nacionales, después de Aysén y Magallanes). Mineduc también muestra la fuerte mejora en la calidad de la educación SLEP en Huasco. La percepción no es un hecho y el estudio del CEDIT no logra medir válidamente la “Gobernanza Regional” porque este concepto no se puede reducir al indicador utilizado.

La confiabilidad, por su parte, está relacionada con garantizar que, si se repitiera el mismo estudio utilizando la misma técnica de medición, se obtendrían los mismos resultados. Con la metodología de investigación CEDIT esto no es posible asegurar, porque:

  1. El estudio no utiliza una muestra probabilística y en consecuencia no permite concluir sobre el universo objetivo o la población (en este caso “Atacama”) ni estimar los márgenes de error de las estimaciones.
  2. La encuesta no fue presencial sino a través de Internet, de forma autoadministrada, lo que introduce el sesgo de respuestas “sin compromiso” con los hechos.
  3. Tampoco es posible afirmar que el universo elegido conozca el concepto de “gobernanza” o si las respuestas a las consultas sobre la calidad de los servicios son brindadas por personas que han tenido experiencias a su alrededor.

Se recomienda que el estudio dé a conocer lo antes posible el cuestionario utilizado, cuestión clave para saber si el orden y/o tenor de las preguntas concretas formuladas puede inducir un sesgo en las respuestas (como se ha detectado en numerosos estudios, entre ellos la más reciente en España sobre la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez).

Además, en el caso de Atacama, el momento en que se realizó la encuesta del estudio (noviembre-diciembre de 2023) coincide con el momento en que la opinión pública de Atacama y del país se vio impactada por el paro docente y el caso SLEP. . Es probable que si el estudio se hubiera realizado a mediados de 2023, la “gobernanza” de Biobío y Antofagasta hubiera registrado peores índices, dado el clima de opinión pública existente en ese momento en esas zonas.

Esto nos muestra la importancia de evitar “instantáneas” en materia de gobernanza. Es recomendable contar con series de datos que permitan una visión menos volátil.

Un aspecto de particular importancia política es que la medición de la “gobernanza regional” no puede confundirse con una evaluación de la calidad o desempeño del naciente gobierno regional, como lo han hecho algunos líderes políticos de Atacama. En el mejor de los casos, si el estudio se hubiera realizado correctamente, se referiría a la calidad de los servicios nacionales en la región, dado que no han sido transferidos al gobierno regional y, por lo tanto, aún no son responsabilidad del gobierno. Gobernador Regional. .

Quienes deben responder por esta mala imagen de la opinión pública son los organismos nacionales relacionados con la educación, la salud y la seguridad pública. Si se hubiera hecho bien el estudio, insisto.

Además, incluso si la metodología hubiera sido impecable, no es posible establecer relaciones causales sino sólo correlaciones entre variables. ¿Cómo saber si una mala calificación de los servicios por parte de los ciudadanos de una comuna es realmente atribuible a la falta de eficiencia del gobierno? Por el contrario, esto puede expresar un cuestionamiento del abandono que algunas comunidades pobres sienten hacia el Estado nacional. Un estudio cualitativo podría profundizar en una mejor interpretación de la gobernanza de cada región.

El impacto de estos estudios plantea una vez más la necesidad de que las universidades y los gobiernos regionales cuenten con capacidades de análisis estratégico para evaluar críticamente y con base técnica las investigaciones y políticas que provienen del nivel nacional. Esto ayudaría a mejorar y hacer más rigurosas las investigaciones sociales (y especialmente los rankings regionales que tantas veces seducen a los investigadores nacionales) y, ciertamente, a sugerir medidas y políticas públicas más acordes con la evidencia de la realidad regional.

En un año de elecciones regionales, la responsabilidad de los estudios es más urgente que nunca. Esto queda demostrado en este caso por el terrible efecto político y social de una mala investigación y conclusiones laxas sobre la gobernanza de una región. Antes de la difusión del estudio CEDIT, el capital social y el clima de cooperación de los agentes regionales de Atacama (el mejor indicador de gobernanza, no medido por la investigación) era, ciertamente, mucho mejor que hoy.

 
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