Crece la polémica en el Senado por la RIGI, entre quienes adhieren y quienes la rechazan

A medida que avanza el debate de la Ley Base en el Senado de la Nación, las discusiones sobre la Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El mecanismo que busca atraer proyectos productivos al país tuvo poco impacto tanto en las fallidas deliberaciones de enero como en su paso por la Cámara de Diputados, pero ahora que está a punto de transformarse en ley generó profundas divisiones entre quienes se adhieren al sistema y los que lo rechazan.

A primera vista, se percibe que las grandes empresas y especialmente las multinacionales que encuentran importantes ventajas fiscales en el régimen están a favor, mientras que aquellas pymes y empresas dedicadas al mercado nacional o regional. Se pronuncian en contra porque consideran que generará competencia desleal. que los dejará al borde de la desaparición.

El rechazos a la norma se basan en las ventajas que obtienen las empresas que pueden ingresar al régimen y las ya establecidas en el país.

En un comunicado reciente, la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró que se avance en iniciativas de desarrollo productivo pero advirtió que la RIGI “podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”. En el mismo sentido se pronunciaron Adimra (Asociación de Metalúrgicos) y la Unión de Trabajadores Metalúrgicos (UOM), coincidiendo en los daños que este proyecto puede generar en el sector.

Ambos sostuvieron que “los beneficios fiscales y regulatorios otorgados no van acompañados de obligaciones en términos de transferencia de tecnología y compras locales”lo que atacaría el tejido productivo local.

Al ser un régimen para proyectos de inversión superiores a US$ 200 millones, un buen número de empresas quedan fuera que también a través de inversiones pueden generar desarrollo y empleo pero que no serán competitivos frente a los que ingresan a la RIGI.

Entre las voces más críticas está la Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y FUNDARquienes presentaron sus objeciones.

Del lado de quienes apoyan están las grandes empresas, especialmente aquellas enfocadas al sector energético que ven en este régimen una posibilidad para impulsar sus inversiones. Actores del sector consideran que la RIGI es una versión superior de los proyectos impulsados ​​por Sergio Massa promover inversiones en Gas Natural Licuado. Para dar una dimensión de su alcance, consideran fundamental el proyecto que realizan YPF y Petronas de construir una planta de GNL en Bahía Blanca para exportar el gas extraído en Vaca Muerta.

“Sin RIGI no habrá GNL. “Si hacemos la obra, será la mayor inversión en infraestructura en la historia del país”, afirmó el director general Horacio Marín durante su presentación en el VI Foro Nacional de Energía, Libertad y Seguridad Energética de LIDE. De la misma manera se pronunció Ricardo Markous, director general de Tecpetrol, el brazo petrolero del Techint, en recientes declaraciones a la prensa.

Tarifas y plazos, entre las críticas al proyecto


Según CEPA, el RIGI “incluye importantes impuestos, beneficios fiscales y exenciones arancelarias para bienes y equipos que compitan directamente con la producción nacional”.

En la misma línea, destacó que “tampoco presenta una prohibición explícita a la importación de bienes industriales usados” y advirtió que “sin esta restricción, la industria nacional quedaría gravemente desprotegida ante la imposibilidad de competir en precios con estos bienes”.

En similar sentido, FUNDAR expresó una serie de objeciones al proyecto. Señaló que sobre el tema “Aranceles y producción local” El régimen permite importar insumos con arancel cero, mientras que los productores locales enfrentan aranceles del 15%, lo que crea una desventaja competitiva y favorece las importaciones sobre la producción local.

También cuestiona que el régimen ofrezca una excepción de 30 años para atraer inversiones extranjeras directas, garantizando beneficios fiscales y la eliminación de restricciones a las exportaciones e importaciones. “Este largo período es excesivamente generoso y potencialmente limita la capacidad del gobierno para utilizar el recurso en situaciones de crisis”señaló.

 
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