La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios “por establecer” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos.
Según la denuncia que llegó al Ministerio Público, la dirección regional del Instituto habría ignorado instrucciones de la dirección general de la entidad para contratar servicios de educación básica para Casas de Bienestar Comunitario. Lea: En Colombia todavía hay 6,9 millones de desplazados sin asistencia ni reparación
La dirección del ICBF había estipulado que estos contratos debían adelantarse con asociaciones de padres o con grupos étnicos. Sin embargo, el equipo directivo del ICBF Magdalena se habría inclinado por fundaciones que llevan mucho tiempo funcionando.
El organismo regional, al parecer, otorgó más de $42.290 millones, pese a que asociaciones de etnias de la región, organizaciones indígenas o madres comunitarias “estaban debidamente legalizadas para contratar”, detalló la Procuraduría General de la República. Lea: Mensaje de Álvaro Uribe al presidente Petro sobre el discurso del pensionado
El ente de control solicitó el listado de contratos entregados directamente por el ICBF del Magdalena, así como un informe que determine qué funcionarios han participado en los procesos de contratación durante la actual administración.
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