La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.000 millones.
Según la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por los medios de comunicación, la dirección regional de esa entidad presuntamente hizo caso omiso a las instrucciones dadas por la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica para la primera infancia de las Casas de Bienestar Comunitarias, que establece que dichos contratos deben realizarse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos. Lea también: Padres y cuidadores de niños con discapacidad protestarán contra el ICBF
Según la Procuraduría General de la República, el equipo directivo de esa región habría otorgado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que desde hace tiempo operan este servicio, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos de la región (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) estaban debidamente legalizadas para contratar. Le puede interesar: Cuidadores protestan contra modalidad ‘Apoyo Atrapasueños’ del ICBF
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría General de la República se encuentran el listado de contratos entregados directamente por la dirección regional, así como un informe que determine los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la actual administración.
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