El penal de Rivera, en Huila, vive una emergencia por casos de la enfermedad infecciosa conocida como tuberculosis, según informó el representante municipal, Jerson Andrés Bastidas.
Según informó Bastidas, Hay 97 internos contagiados, por lo que se realizan controles de atención y prevención en el centro penitenciario. para evitar que la enfermedad se propague a otros presos.
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A su vez, indicó que la Cruz Roja se encuentra realizando el tratamiento médico respectivo a los afectados, mientras que la Oficina de la Persona realiza labores de vigilancia sobre el comportamiento de la enfermedad: “Tuvimos la mesa penitenciaria y el informe que dio la Cruz Roja nosotros como operador. salud de dicho establecimiento penitenciario, que existen un total de 97 casos con tuberculosis”.
El funcionario agregó que, aunque la cifra es inferior al reporte de febrero donde hubo 117 contagiados, es importante realizar vigilancia permanente para que los casos no aumenten; de este modo, anunció medidas restrictivas a las visitas familiares y conyugales de los internos enfermos.
La propagación de la tuberculosis es sólo uno de los problemas que enfrenta esta prisión. Según el funcionario, ha recibido quejas de familiares de los reclusos sobre la falta de suministro de electricidad y agua en el citado penal. Ante esta situación, el director del centro penitenciario manifestó que se están haciendo convenios para garantizar fluidos vitales a los privados de libertad:
“Existe un problema al interior del establecimiento con el suministro de energía y agua que poco a poco se ha ido corrigiendo con algunos acuerdos que se han hecho por parte de la Uspec., que es quien se encarga directamente de esta etapa de contratación. De esta manera podremos dar una voz de aliento de que se está haciendo el trabajo pertinente para subsanar estas necesidades dentro del establecimiento”, dijo el director del centro penitenciario, Andrey Tejada.
La mañana del jueves 25 de abril, el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el vicepresidente Jorge Enrique Ibáñez Najar, plantearon reparos a la gestión del Gobierno nacional por la falta de medidas efectivas para atender la crisis penitenciaria y comunitaria. de La Guajira.
El juez Reyes aseguró que, ante los pocos avances, estarían considerando dictar una orden de desacato al Estado, ya que se trata de tres sentencias que datan de 2018:
“Para que quienes se preocupan por la ejecución de estas sentencias entiendan que la Corte está alerta y que incluso estamos pensando en desacato, es decir, la Corte está tomando en serio este asunto. No podemos seguir que los niños y niñas de La Guajira mueran por hambre física o por problemas de salud, que es propio de las cárceles.. En la sentencia se han dado términos perentorios para que no haya condenados en los Centros Transitorios de Detención (CTD), y han pasado muchos meses en los que no tenemos noticias ciertas y efectivas de que esto se haya cumplido”, declaró el magistrado durante una conferencia de prensa.
Por su parte, el vicepresidente del alto tribunal explicó las decisiones que se tomaron para enfrentar la emergencia penitenciaria: “Las autoridades públicas están obligadas a rediseñar una política para garantizar los procesos de resocialización con énfasis principal en el trabajo. Otra sentencia que apunta principalmente a garantizar los derechos de la población privada de libertad en centros penitenciarios y de detención temporal. En esta última sentencia, la Corte ha constatado que a pesar de los autos dictados por la Corte que extendieron la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional a un centro de detención temporal, aún persiste una tragedia humanitaria.
La Corte afirmó que esto es una muestra de falta de voluntad política y, en el caso de las cárceles del país, existe una “vulneración masiva y sistemática”, además de un hacinamiento que en algunos casos supera el 4.000%.
