Mediante resolución emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba fue condenado a cumplir catorce años de prisión por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Córdoba, de 64 años y originario de Medellín, había admitido su culpabilidad en el envío de cocaína a Estados Unidos en enero de 2024, enfrentando inicialmente un pedido de la fiscalía de una pena mínima de diecisiete años.
Este caso ha captado la atención pública no sólo por los crímenes imputados, sino también por la destacada carrera política de su hermana, Piedad Córdoba, una destacada figura de la izquierda colombiana.
Álvaro Córdoba, quien también es nutricionista egresado de la Universidad de Antioquia y fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011, fue detenido en febrero de 2022.
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Las autoridades estadounidenses lo acusaron de enviar grandes cantidades de droga a su territorio, además de asociación para delinquir y tráfico y posesión de armas de fuego y explosivos, cargos que finalmente fueron desestimados en marzo de 2023.
El contexto político añadió más tensión al caso, sobre todo después de que Gustavo Petro, presidente de Colombia desde 2022, firmara la extradición de Córdoba a EE.UU. en septiembre del mismo año.
Petro había instado a Piedad Córdoba durante su campaña presidencial a retirarse de la política activa debido a las implicaciones legales que enfrentaba su familia.
Pese a las especulaciones sobre un posible cambio de decisión, la extradición se llevó a cabo con el visto bueno de la Justicia colombiana el 19 de enero de 2023.
En el operativo, Córdoba y otros cinco imputados fueron trasladados a Estados Unidos en un avión de la Administración para el Control de Drogas de ese país (DEA), culminando un proceso que había iniciado con su arresto e internamiento en el penal La Picota, en Bogotá.
De allí fue trasladado a la base militar de Catam, donde lo esperaban las autoridades estadounidenses para proceder a su deportación.
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