El Ministerio Público confirmó hoy que el Juzgado de Garantías N°2 dio lugar al pedido realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, solicitando el procesamiento de Ramos.
El 25 de abril de 2022, el Juzgado de Garantías interviniente decidió suspender el traslado del caso a juicio hasta que la Cámara de Senadores de la provincia de Salta se pronuncie sobre el levantamiento del fuero de Ramos, quien en ese momento se desempeñaba como senador.
El 30 de noviembre de 2023, Salinas Odorisio presentó la solicitud de juicio, al considerar que Ramos al finalizar su mandato como senador provincial ya no contaba con los privilegios que le otorga la Constitución de la Provincia de Salta, implicando que el proceso de fuero iniciado por El Cámara de Senadores de Salta quedó sin efecto.
La causa
En 2020, el entonces fiscal Verónica Simesen de Bielke requirió formalmente el elevación a juicio del caso contra Ramos.
Las acciones fueron iniciadas en su momento por la Municipalidad de Rosario de Lerma bajo la gestión del ahora exalcalde Ignacio Jarsuntras un pedido de entrega de la Provincia.
Ramos está acusado de desviar fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.
El financiamiento corresponde al Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional implementado por el Gobierno de la Provincia de Salta, donde Ramos gestionó un proyecto de emprendimiento social para fabricar cajas prefabricadas.
Los fondos, por un monto global de $341.715, fueron liquidados al Municipio a través de la cuenta corriente que tiene en el Banco Macro, en dos acreditaciones diferentes; uno del 26 de agosto de 2013 por la cantidad de $250.715 y otro del 13 de noviembre del mismo año por la suma de $91.000, destinados a la creación e implementación del proyecto.
De las diligencias dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos se pudo establecer que la obra que se iba a realizar no fue ejecutada, ya que en el lugar donde se iba a realizar no existen indicios que permitan inferir la finalización. del trabajo, ni pudo verificar que se haya realizado en otro lugar.
La circunstancia fue corroborada con la inspección visual realizada por personal de la División de Delitos Económicos y por lo manifestado por un testigo quien informó haber realizado un peritaje para verificar el trabajo y que en el inmueble donde se iba a realizar encontró No hay signos de movimientos del suelo. , que necesariamente tuvo que realizarse para iniciar la obra.
También se informó que un integrante de la Cooperativa Edificadorg que debía realizar el proyecto acudió al lugar en cuestión y que dijo que con pico y pala cavaba hoyos para el cerco perimetral y que nunca le pagaron por eso. trabajar.
Además, sostuvo que actualmente los pozos estaban llenos de tierra y que el lugar es un terreno baldío.
De la auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo relacionado con el proyecto que fue presentado por el imputado, se estableció que con el dinero recibido solo se compraron tejuelines por un monto de $30,000, que fue el único gasto realizado, por lo que se desconoce. el destino final de los otros $311,715.
También se desprende que no existen pagos realizados por parte del Municipio a la Cooperativa Edificag, a ninguno de sus integrantes y/o por el Proyecto explícito.
La acusación sostiene que es el municipio (y su alcalde) quien debe velar por la ejecución de los fondos y prestarlos, independientemente de que se haya contratado una cooperativa para realizar las obras.
Por tal motivo, Ramos es considerado legalmente responsable como titular del municipio por la falta de presentación del financiamiento así como por la falta de la obra en cuestión.
