Tras la denuncia de OPINIÓN CARIBE, la Procuraduría General de la República abrió una investigación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunta dirección de contratos por $42.000 millones y por presuntamente haber ignorado las instrucciones dadas por la Dirección General del ICBF para contratar.
El 13 de abril, OPINIÓN DEL CARIBE dio a conocer que la Regional Magdalena del ICBF aparentemente continuó adjudicando y celebrando contratos con fundaciones bajo la modalidad de contratación directa, desconociendo los lineamientos señalados en el memorando enviado desde la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde dicta que estos contratos deben realizarse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
Asimismo, este medio de comunicación reveló que, al parecer, el director de la Regional del Magdalena, Leonardo Alfonso Pérez Medina, adjudicó en mano más de $42,290 millones de pesos, manteniendo estos contratos con las mismas fundaciones que vienen operando desde hace tiempo, yendo en contra las nuevas directivas.
Después de la denuncia de OPINIÓN DEL CARIBELa Procuraduría General de la República abrió una investigación contra funcionarios del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $42.000 millones y por presuntamente haber ignorado las instrucciones dadas por la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica para la primera infancia de Hogares Bienestar Comunitario. , que establece que dichos contratos deberán realizarse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
“El equipo directivo de esa región habría otorgado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que desde hace mucho tiempo operan este servicio, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos de la región (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres de usuarias del servicio o madres comunitarias) estaban debidamente legalizadas para contratar”, dijo la Procuraduría General de la República en un comunicado.
La Procuraduría General de la República indicó que entre las pruebas solicitadas por el ente investigador se encuentran el listado de contratos entregados directamente por la dirección regional, así como un informe que determine los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la actual administración. .
