La prepaga Swiss Medical, Asociación Mutual Sancor Salud y Medicus iniciaron acciones legales contra la medida cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud, que dispone que las empresas médicas reviertan los aumentos y devuelvan a sus afiliados los montos recaudados tras la liberación de precios decretada a través del DNU.
Según La Nación, las prepagas consideran “irrazonable” devolver el dinero recibido durante los primeros cuatro meses del año, por lo que realizaron una presentación ante el Juzgado Federal 9 de la Cámara Federal, en lo Civil y Comercial.
Es el mismo tribunal donde el Gobierno presentó una medida cautelar para calcular aumentos de tarifas según la inflación y acordar un mecanismo de devolución del dinero que las prepagas habrían cobrado de más entre enero y abril.
Las prepagas rechazan que los aumentos a sus afiliados hayan sido abusivos y sostienen que el cambio de criterio del Gobierno nacional entre el DNU y la cautelar dio un “giro dramático” a los cálculos de las empresas.
Detrás de la movida judicial aparece Claudio Belocopitt, señalado por el Gobierno de Milei como el responsable de la escalada de precios en el sector de la medicina prepaga. “Se nos fue de las manos o se nos fue de las manos la inflación”, dijo días atrás el poderoso empresario desafiando a Milei.
Con la presentación judicial de las empresas de medicina prepaga, la situación de sus afiliados quedó en el limbo.
Sobre el tema de fondo cuestionado por esta prepaga, la Superintendencia de Servicios de Salud “no es autoridad de aplicación para verificar y, en consecuencia, validar el aumento que se pudo haber aplicado a las cuotas de sus afiliados en el mes de enero de 2024”.
Según publicó La Nación, la Superintendencia sostiene que su función es fiscalizar a las empresas para garantizar la libre competencia en el mercado. Justificó así su intervención en el mercado.
Belocopitt argumentó que el sector de la medicina privada padecía una “brecha anterior como consecuencia de políticas económicas restrictivas excesivamente regulatorias”. En ese marco, descartó el reembolso de los montos “abusivos” de las cuotas a sus afiliados.
Al expediente judicial, las empresas adjuntaron datos para sostener que en los últimos cuatro años la inflación habría acumulado mil 147 por ciento, mientras que la cuota habría subido 667 por ciento, es decir, poco más de la mitad.
Con ese argumento, Belocopitt dijo que lo ya cobrado a los afiliados no cubre el vacío provocado por la intervención del Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Para las empresas la devolución de las subidas es “inviable”.
En su contraofensiva, el Gobierno sostiene que las empresas transfirieron sólo el 80 por ciento de lo recaudado a clínicas, sanatorios y proveedores, cuando debieron haber transferido el 90 por ciento.
Más allá del proceso judicial, en mayo el principal grupo de prepago deberá ajustar el valor de sus cuotas, según determinó el Ministerio de Economía en medio de un expediente administrativo por presunta cartelización.
