La moratoria de las nuevas renovables en La Rioja pone al sector en pie de guerra

La moratoria de las nuevas renovables en La Rioja pone al sector en pie de guerra
La moratoria de las nuevas renovables en La Rioja pone al sector en pie de guerra

El pleno del Parlamento de La Rioja aprobó el pasado 23 de enero un proyecto de ley “de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje” de esta comunidad autónoma que establece una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica, que afecta a proyectos renovables en proyecto, fundamentalmente fotovoltaica.

La medida ha puesto en pie de guerra a este sector por el miedo al contagio a otros territorios y por la autorización ambiental (DIA) que el Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido a la línea de alta tensión impulsada por el grupo aragonés Forestalia, que Parte de Teuste (Zaragoza), cruza La Rioja y evacua en el País Vasco (en la localidad alavesa de Júdiz). Y, según fuentes empresariales, ha sido esta infraestructura la que ha encendido la chispa del descontento que ha desembocado en una moratoria sin precedentes y “claramente contraria a la directiva comunitaria de renovables”, que establece que los proyectos verdes son “de mayor interés público” y Requiere simplificación de trámites, indica un experto.

Los promotores afectados ya se plantean acudir a los tribunales, aunque, al tratarse de una ley, la cuestión no es sencilla. Hay dos vías judiciales: un recurso de inconstitucionalidad, que sólo pueden presentar las comunidades autónomas y al menos 50 diputados, o plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de la Unión Europea, que debe decidir por un juez, previo recurso de los promotores contra cualquier acto de ejecución de la ley.

La primera opción parece descartada al tratarse de la ley de una comunidad autónoma que ha sido aprobada “de conformidad con sus competencias”, indican fuentes jurídicas. La segunda opción está en manos de los promotores afectados que, si bien no pueden recurrir la ley, sí pueden hacer lo mismo contra las normas que desarrollan su aplicación (nunca con carácter retroactivo), es decir, la paralización puntual de los proyectos. La principal asociación del sector fotovoltaico, UNEF, estudiará la posible “legitimación” para recurrir posibles órdenes o normativas, ya que no se ve afectada.

La moratoria riojana, aprobada con los votos del PP, Vox y Podemos-IU y la abstención del PSOE, no afectará a la citada línea de alta tensión, ya que, al ser una línea de transporte nacional, la autorización corresponde al Estado. Sin embargo, a su luz verde también han contribuido las comunidades autónomas afectadas, que no reportaron desfavorablemente al ministerio en el trámite de la DIA que, finalmente, lo autorizó. En el caso de La Rioja, el informe fue elaborado por el anterior gobierno regional del PSOE.

La línea Forestalia

No es habitual que una línea de alta tensión no dependa del operador y transportista del sistema, Red Eléctrica de España. Algo que está más que prohibido legalmente, es prohibitivo económicamente. El grupo aragonés Forestalia decidió poner en marcha en solitario esta línea para la evacuación (en concreto, dos líneas de 400 kV con una longitud de más de 150 kilómetros) de la energía procedente de seis proyectos eólicos en Aragón de 50 MW de potencia cada uno.

En su momento, Ecologistas en Acción Huesca denunció que la línea “viola la legislación del sector eléctrico, que dicta que las líneas de más de 380 kV deben ser consideradas líneas de transporte, construidas exclusivamente por el operador del sistema eléctrico español, REE. ” . Así como la autorización ambiental es estatal, la construcción de las líneas puede ser asumida por las empresas generadoras.

Tras la aprobación de la moratoria, el presidente del Gobierno de Rioja, Gonzalo Capellán, calificó la línea de alta tensión de Forestalia como “un misil lanzado desde Moncloa para destruir nuestro territorio y nuestro paisaje único”. Y ha destacado que todas las administraciones regionales impulsarán todas las iniciativas necesarias para frenar este “ataque” contra el patrimonio, la cultura y el territorio. En el sector fotovoltaico consideran que detrás de la medida hay presiones del poderoso lobby del sector vitivinícola.

La moratoria afecta a “todos los procedimientos administrativos de utilidad pública; así como permisos de uso y actividades en suelo no urbanizable relacionados con instalaciones de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, pero quedan excluidas las de autoconsumo, hasta la entrada en vigor de la Ley de Paisaje de esta comunidad autónoma.

El cambio en el mapa regional perjudica las energías verdes

El cambio de signo político de muchas comunidades autónomas, asumido desde las últimas elecciones por gobiernos del Partido Popular, en muchos casos, con la participación de Vox, ha resultado perjudicial para el sector renovable, según los promotores. Una de las peores experiencias es la de Aragón, que ha aprobado la creación de un nuevo impuesto a las energías verdes.

Con el objetivo de que el impacto visual de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas se refleje en el territorio, el Gobierno de coalición PP-Vox de Aragón recaudará este año 30 millones de euros por el nuevo impuesto. Aunque es un 26% inferior a lo previsto inicialmente, el impuesto es un 30% más elevado para la energía fotovoltaica que para la energía eólica.

Otra comunidad que ha desilusionado al sector es Extremadura, que siempre fue considerada la más eficiente a la hora de tramitar proyectos renovables. Fuentes empresariales lamentan el cambio que se ha producido en las relaciones entre los promotores y el Gobierno regional, antes muy fluidas, y en la gestión de los proyectos.

Sin embargo, la decisión más controvertida es la moratoria aprobada por el Gobierno de La Rioja. Desde el primer Gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro de Industria, José Manuel Soria, al frente, en España no se aplica la prohibición de instalar nuevas renovables. En ese caso, para poner freno a la concesión de primas incontroladas que provocaron la sangría del déficit tarifario.

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