El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, es uno de los funcionarios públicos que más privilegios de seguridad tiene en el país. ¡Tiene 18 policías encargados de protegerlo! Sólo él lo supera, claro está, el presidente Dina Boluarte.
Ni siquiera en la época más dura del terrorismo, allá por los años 80 y 90, una autoridad tenía tal custodia. Recuerdo, con estremecimiento y dolor, el caso del juez Domingo García Rada. En 1985, cuando ocupaba el mismo cargo que Salas, un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso disparó contra su vehículo en plena calle en el distrito de San Isidro, dejándolo en estado grave. ¿Cuántos agentes lo cuidaban? Sólo uno: el conductor Segundo Navarro Silva, quien fue asesinado a tiros en el acto.
El número de agentes designados para Habitaciones Es una exageración. Una bofetada a los miles de peruanos que diariamente sufren los embates y crecimiento del hampa, el crimen organizado, el robo de sus celulares, las extorsiones, por la falta de policías y una estrategia de Gobierno que hasta hoy brilla por su ausencia.
El jefe del JNE Es una persona con una influencia internacional envidiable que no cualquier peruano tiene. El organismo que ha ordenado este monumental privilegio es – ¡otra vez! – la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde las elecciones de 2021, donde fue elegido el golpista y actual preso Pedro CastilloSalas denuncia que es víctima de acoso personal, que vendría de grupos que creen que permitió fraude en esa contienda electoral.
Sostiene también que es insultado, difamado y amenazado en las redes sociales, “incluso con una fotografía de una bala de fusil militar”. Y un hombre le gritó que debía ir a prisión o morir, aunque esa misma persona luego reconoció que había sido una expresión exagerada.
Sus denuncias, sin embargo, han sido rechazadas por los fiscales porque no hay forma de corroborarlas. En las redes, como es de público conocimiento, hay situaciones muchas peores a las que el magistrado alude y se queja.
Cuando sus afirmaciones fueron rechazadas, fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada falló a su favor y obligó al Estado peruano a adoptar las “medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de Salas Arenas y su familia”. Por eso pusieron en guardia a 18 policías y todas sus denuncias serán investigadas.
No ocurre lo mismo con cientos de peruanos cuyos derechos han sido vulnerados y acuden a los tribunales. CIDH, pero no encuentran una respuesta rápida. La verdad sobre las milanesas es que Salas se victimiza ante los ataques de congresistas opositores que quieren destituirlo de su cargo.
Curiosa estrategia de Habitaciones, quien recientemente admitió que, cuando era abogado, simpatizaba con las ideas de izquierda y “probablemente” defendió a personas vinculadas a Sendero Luminoso. Nos vemos el siguiente martes.
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