El gobierno chavista y la oposición venezolana están cerca de llegar a un acuerdo para ejecutar parte de los fondos que el país tiene en algunos bancos internacionales, congelados desde la crisis política de 2019 y la imposición de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. . Ese dinero, según acordaron las partes en noviembre en la mesa de diálogo en México, sería destinado a atender la crisis social que vive el país.
El importe total es de 3.000 millones de dólares en bancos de Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Francia. Incluso si se consolidan los acuerdos propuestos, el monto total no estaría disponible de inmediato. En principio, se podrían liberar unos 500 o 600 millones de dólares. El dinero, dice una fuente que prefirió no ser identificada, “no va a solucionar todo el problema, pero ayudaría mucho en los casos más urgentes”. “Ya tenemos un grupo de hospitales priorizados para inversión”, dice.
Las negociaciones se dan en el marco del llamado Acuerdo Social, una de las ramas que se discuten en México, en diálogos que buscan conjurar la crisis política para realizar elecciones justas en 2024 y que están paralizados desde noviembre. La lentitud de los trámites políticos y la desconfianza entre las dos partes exaspera a los activistas civiles que participan en estas conversaciones, para quienes lo fundamental es que el dinero se invierta de una vez por todas en la emergencia social del país.
Para que el acuerdo se materialice, dicen fuentes cercanas, se necesita la aprobación final de Nicolás Maduro. Tanto la oposición venezolana como la estadounidense, por su parte, parecen listas. En reuniones recientes, el chavismo planteó la necesidad de que ese dinero sea nacionalizado e ingrese al Banco Central de Venezuela, ya que estos son, finalmente, bienes de la república. La oposición venezolana se opone radicalmente a esta demanda, argumentando que la corrupción generalizada evaporaría muy rápidamente esos recursos sin que nadie dé explicaciones.
Las bases del actual acuerdo, que se firmó en noviembre pasado en México, prevén que el dinero sea administrado por Naciones Unidas, con el apoyo de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Panamericana de la Salud y Unicef. Según fuentes cercanas al proceso, Estados Unidos se ha comprometido a mediar y tomar las medidas necesarias para proteger estos activos de las acciones legales que puedan emprender algunos acreedores.
En el mapa de prioridades de inversión que se discutía entre las fracciones políticas venezolanas y todo el entorno de activistas y voluntarios que afrontan la crisis del país, está la inversión en salud, el reforzamiento de los planes de vacunación -entre los más rezagados en América del Sur- y el pago de deudas al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. También dinero para la educación y nutrición de los niños y recursos para atender los problemas del servicio eléctrico.
Únete a EL PAÍS para seguir todas las novedades y leer sin límites.
suscribir
En las últimas semanas, Maduro había colocado entre sus demandas la liberación de estos recursos para dar continuidad al resto de las negociaciones en México. Tanto Maduro como Jorge Rodríguez, uno de los principales voceros del chavismo, se habían quejado amargamente de las demoras en la entrega del dinero, acusando a la oposición de “no tener palabra y no ser gente confiable”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Gorjeoo en nuestro boletín semanal.
