El 27 de abril, en el ejido Sinaloa del municipio Frontera Comalapa, colindante con Guatemala, el ejidatario Roberto Gómez Hernández y sus hijos Aric Adonai Gómez Cruz y Josefa Gómez Cruz, fueron secuestrados por un grupo de personas armadas, a quienes la población de la lugar los identifica como miembros de uno de los cárteles de la droga.
En esta localidad de menos de mil habitantes han sido secuestradas y luego desaparecidas nueve personas, tres de ellas autoridades comunitarias. Todo desde septiembre de 2022 a la fecha, y todo para oponerse a que personas vinculadas al crimen organizado se asienten en la región, tomen sus tierras y los recluten a la fuerza.
El primero fue Rolando Rodríguez Molares, comisario ejidal, secuestrado y luego desaparecido. Le siguió Roberto Jiménez Hernández y luego Candelaria Hernández López. De los otros tres desaparecidos, las familias no querían denunciar penalmente porque después venía su asesinato o su exilio, según familiares de los desaparecidos.
Pero en tres casos las familias presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; ninguno de ellos ha prosperado, ni siquiera porque la familia de uno de los desaparecidos fue a la Ciudad de México y logró hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario remitió a la familia a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien a su vez -según explicó a la familia- solicitó el expediente de investigación a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y pidió que se agilice la investigación. . Después de eso vino el silencio y nunca más se comunicaron.
Los vecinos de este lugar saben quién es el autor intelectual de los secuestros, y también saben que gozan de impunidad, pues a sólo 300 metros del pueblo se encuentra un cuartel del Ejército Mexicano.
“Este señor participa en charreadas y está custodiado por militares (…) nosotros en el ejido vivimos como un apocalipsis donde todo se destruye, donde no sabemos qué hacer.
Los que tienen familiares en otro lugar se han ido, pero los que no tienen a donde huir se tienen que quedar y estar a expensas de lo que diga el Cártel”, explica uno de los afectados.
En septiembre de 2022, la población de Frontera Comalapa se manifestó para exigir la ubicación de Rolando Rodríguez, Comisariado Ejidal del municipio de Sinaloa. Hasta la fecha, las autoridades no han respondido. Foto: Comunidad
Disputa por el control de esta zona
Lo que ocurre en el ejido de Sinaloa es solo la punta del iceberg de la situación que viven los municipios ubicados en la frontera entre Chiapas y Guatemala, donde desde mediados de 2021 se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). enfrentamiento por Se disputan el control de esta zona.
La expresión más violenta de esta guerra entre cárteles es el reclutamiento forzado y el secuestro y desaparición de personas. Para este informe se hizo un conteo de la cantidad de personas que siguen desaparecidas en la región, desde el 2022 a la fecha hay 63 casos, y de estos, en 59, los familiares presentaron denuncias penales, según los expedientes de búsqueda de la Justicia. La oficina del fiscal.
Según datos de esta dependencia, en el municipio de Comitán hay 20 personas desaparecidas, en La Trinitaria 13, en Amatenango de la Frontera 5, en Chicomuselo una y en Frontera Comalapa 24.
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En dos de los casos son mujeres, Josefa Gómez y Karla Johana Soto Ramírez, de 30 años. Otro hecho que llama la atención es que en 11 de los casos los desaparecidos son autoridades ejidales, y la edad promedio es de 33 años. En febrero de este año, los guatemaltecos Luis Alfredo Salmerón, Menfis Walberto Andrino Marroquín y Cesar Aroldo Castellanos también desaparecieron en la carretera que va de La Trinitaria a Frontera Comalapa; habían cruzado la frontera para comprar mercadería y no se les volvió a ver.
Enfrentamiento en la Frontera de Comalapa en julio de 201. Foto: Archivo
Crecía la violencia
Además de las 59 denuncias por desaparición forzada relacionadas con la presencia de grupos del crimen organizado, la Fiscalía de Chiapas tiene al menos una decena más por homicidios cometidos en las vías que conectan comunidades en la zona fronteriza y por enfrentamientos que afectan a la población. .
El nivel de violencia ha ido en aumento. En enero de 2022, a través de las redes sociales, la misma población comenzó a alertar sobre la presencia de retenes y asesinatos cometidos por grupos de personas que portan uniformes tipo militar y portan armas de grueso calibre, particularmente en la carretera que une Frontera Comalapa con la Trinitaria,
“El riesgo es grande por los constantes tiroteos y retenes que montan los grupos armados (…) no pasan de noche ni de madrugada porque hay motines y asesinatos que nadie investiga. Tanto en Comalapa como en La Trinitaria no hay Guardia Nacional ni militares, mucho menos una autoridad municipal que pueda cuidar nuestra seguridad”, indican las alertas publicadas por la población de la zona.
Incluso, el 15 de enero de este año, vecinos de Frontera Comalapa publicaron un video donde presuntos vecinos vinculados a uno de los Cárteles, desalojan del municipio una base de la Guardia Nacional ubicada en San Gregorio Chamic, corren hacia los uniformados y lesionan a uno.
La población de la zona se ha armado de valor para denunciar los hechos, incluso los habitantes del ejido Nueva Libertad se manifestaron en la capital de Chiapas en marzo pasado, para denunciar la situación que viven.
Previamente, en abril de 2022, el Instituto para las Elecciones y la Participación Ciudadana (IEPC) suspendió el proceso electoral extraordinario que se iba a realizar en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, por “falta de condiciones de seguridad”.
Es decir, desde hace al menos dos años los fiscales estatales y federales tienen en su poder denuncias penales que les permitirían solicitar acciones a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a la población.
Esto no ha sucedido y desde el pasado miércoles la violencia en la zona estalló con mayor estruendo cuando integrantes de los dos cárteles se volvieron a enfrentar a su paso y se llevaron por la fuerza a al menos una decena de jóvenes a quienes, según sus familiares, están obligando. para que participen en su disputa, lo que también ha provocado que las familias intenten huir en medio de los disparos.
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