Gil citó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, quien consideró este acto “una medida ilegal de Estados Unidos para confiscar y vender acciones” de la citada entidad, perteneciente a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). ).
Como indica Irán en su comunicado, expresó el alto diplomático a través de su cuenta X, la acción es una clara violación del derecho internacional y un “robo flagrante que busca ampliar el daño causado por las medidas coercitivas unilaterales”.
Kanaani señaló que las refinerías de Citgo son parte del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y destacó que la decisión estadounidense viola el derecho internacional.
La Asamblea Nacional (Parlamento) debatió ayer el tema en sesión ordinaria y fue repudiado por los legisladores.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, denunció que la Corte estadounidense de Delaware aceptó las ofertas para la consumación de la subasta y robo de la empresa Citgo.
Declaró que “hay empresas que ya se han repartido el botín a un precio realmente ridículo”, porque los activos de esa entidad venezolana ascienden a 21 mil millones de dólares.
Rodríguez insistió en que Citgo fue robado, ya fue subastado, y Gerardo Blyde, jefe negociador de la Plataforma Unitaria Democrática, en vez de oponerse, lo único que pidió fue esperar “hasta agosto a que pasen las elecciones, porque nos puede hacer daño”.
Culpó a los “ladrones Horacio Medina, Leopoldo López, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández y Julio Borges, quienes accedieron y fueron “quienes lo entregaron bajo su administración”, que abarcó el periodo legislativo 2015-2020, dijo.
El diputado destacó que ya hicieron las ofertas y los sobres están en la Corte de Delaware, donde hay empresas que “dijeron que quieren despalmar” esa entidad nacional, propiedad de Pdvsa.
Un comunicado del lunes reiteró que Venezuela “no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de Citgo que se está llevando a cabo, en flagrante desprecio de las garantías económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa, garantizados por cualquier nación civilizada”.
El Ejecutivo venezolano confirmó que seguirá tomando todas las medidas a su alcance para impedir la consumación del despojo, al tiempo que se reservó el derecho de tomar medidas “contra cualquier empresa o particular que adquiera las acciones, facilite la compra o negocie con sus activos”. ” .
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