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el juez federal Ariel Lijo Declaró “acceso público”, después de 21 años, un informe secreto de la SIDE de 2003 que sostiene que Irán ordenó a Hezbollah atacar la sede de la SIDE. AMÍA en 1994, un atentado que provocó la muerte de 85 personas. El informe, que ya había sido desclasificado pero que ahora es público, da detalles de cómo habría sido esa operación.
El documento fue elaborado por la SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia) con el aporte del FBI y fue conocido como el “informe Toma”, en referencia a Miguel Ángel Toma, entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia. Detalla la participación del ex agregado cultural iraní Moshen Rabbani y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil para preparar el atentado terrorista, así como el paso por Argentina del líder de Hezbollah Samuel El Reda, para ejecutarlo. Fue desclasificado -es decir, a disposición de las partes del expediente- pero no fue accesible públicamente. Fue utilizado por el fiscal. alberto nisman en su acusación de apoyar las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos de haber llevado a cabo el ataque.
La resolución de Lijo -a la que tuvo acceso- LA NACIÓN– es del 7 de junio y dispone: “Declarar acceso público al informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado “Tema: AMIA la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores” de conformidad con lo expresado en los considerandos y lo dispuesto en la Resolución SI “R” N° 301/03 y el artículo 1 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 213 /2020″.
La resolución fue en respuesta a una solicitud realizada por la asociación Memoria activa, que reúne a familiares de víctimas del atentado, en la audiencia que se desarrolló el pasado 8 de mayo, en la que participaron las denuncias, participaron la Unidad Fiscal Amia (UFI) y el juez. Sin embargo, el comunicado de acceso público no incluye el anexo de declaraciones de agentes e informantes que son citados en el informe sin revelar su identidad.
El decreto en cuestión otorga carácter “público” a “toda la información proporcionada por el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relacionada con el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y otros delitos conexos, incluidos los expedientes de investigación y toda la información aportada por el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiéndoles trascender el ámbito oficial”.
El documento de 155 páginas contiene una recopilación de argumentos que involucran a Irán y su brazo armado, Hezbolá. Varias de las hojas referentes al contexto llevan la firma de Antonio Stiuso, entonces Director General de Operaciones de la sede del espía.
LA NACIÓN
