La última de las víctimas, la 207, Juan Carlos Bonilla Quintanilla, de 39 años, falleció mientras recibía asistencia médica en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y se encontraba recluido en el penal de Izalco, Sonsonate.
Según fuentes policiales, el reo fue detenido bajo el régimen de emergencia como muchos salvadoreños acusados de presunta pertenencia a pandillas o ser colaborador.
Tras su muerte, la Policía Nacional Civil (PNC) no informó las causas, aunque son frecuentes las denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas.
Según el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), en lo que va de noviembre ya se registran cuatro muertes en instalaciones gubernamentales.
La de Bonilla fue la segunda muerte el viernes en ese centro médico, ante la que falleció Deysi Yolanda Reinosa Ascensio, de 40 años, también capturada bajo el régimen de emergencia.
Entre los 207 fallecidos se encuentran dos recién nacidos, según reportes de la organización Ayuda Legal Humanitaria (SJH).
Las causas de las muertes son un misterio, pues entre los meses de agosto y octubre, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no permitió el ingreso de médicos forenses para verificar la salud de los presos.
Respecto a las muertes, Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, afirmó en la última semana que Movir debe presentar casos específicos con un listado de las víctimas y cuáles son cada uno de los casos para poder ayudarlas; De lo contrario, no tendremos nada que hacer en una reunión, añadió.
“No hay ningún salvadoreño al que no se le garanticen los derechos humanos, hay casos aislados y cada caso se verá de forma independiente”, subrayó el funcionario.
Sin embargo, las muertes y las condiciones que enfrentan los reclusos en las cárceles son un misterio, especialmente cuando hay pruebas de supuestas torturas y malos tratos a los presos.
lam/lb
