La estrategia de presión
Es por eso que la estrategia viró y se centró en esclarecer supuestas irregularidades o incompatibilidades que pretenden acorralar a Milei respecto de su propia postura intransigente sobre posibles actos de corrupción en su gestión. Un cambio de autoridades permitiría una nueva oportunidad de apoderarse de la AFIP, un lugar que el gobierno desdeña como insumo de poder, según lo interpreta Macri. La primera en la lista fue Rosana Lodovico, titular de Aduanas pero un paso previo para desplazar a Florencia Misrahi, a quien Milei designó como titular de la AFIP pero que ya comienza a ser rodeada desde afuera..
De hecho, en toda la estructura actual del organismo, Misrahi había designado a la abogada Renata María Isabel Casacardo -persona en quien confía plenamente- en la Subdirección General de Coordinación Técnica Institucional, que funge como virtual número dos del administrador federal. Sin embargo, el 17 de abril Cascardo fue trasladado a la Subdirección General de Servicios al Contribuyente, área relevante en la jerarquía, pero sin la gravitación anterior. Su reemplazo fue Paola Cuppari, una funcionaria con muchos años en el organismo que era técnico jurídico tributario en la estructura de la DGI. Dentro de la AFIP interpretaron que ese movimiento en la directiva de alguna manera “protegió” a Cascardo al sacarla de la línea de fuego y, al mismo tiempo, dejar expectante el puesto de Técnico Institucional con alguien “de plantilla” para que un candidato con apoyo de la política puede aterrizar allí sin problemas.
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Movimientos y reuniones secretas.
Esto coincide con otros cambios sutiles. El 17 de abril -fecha de los cambios, al parecer- Misrahi decidió designar al abogado Facundo Rocha como subdirector general de la Subdirección General de Recursos Humanos. Rocha ya había ocupado ese mismo cargo durante la era Cuccioli, en 2018. Incluso, el ex directivo de LAN había sido propuesto para dirigir Aerolíneas Argentinas, en una suerte de homenaje a Guillermo Dietrich, en diciembre pasado. Las puertas se cerraron para ambos. Pero ahora afecta los nombramientos de la AFIP.
Por esta razón muchos se preguntaron por qué, el martes pasado, había recibido al exjefe de Aduana de Cuccioli, Diego Dávila, en su despacho de la sede. Desde que se despidió de su cargo el 10 de diciembre de 2019 tiene una mancha: su ex mano derecha Felipe Viramonte Noguer acabó detenido e involucrado en una causa que investigaba la justicia penal económica por contrabando de iPhone. Se vio comprometido por escuchas telefónicas donde, supuestamente, se jactaba de organizar reuniones con importadores para facilitar el ingreso de mercancías a sus clientes cuando aún era asesor en la Aduana, tras el traspaso de mando. Había sido usuario de uno de los teléfonos cifrados que la gestión macrista asignó a funcionarios de gran relevancia.
La manzana rodeada incluye elementos hasta ahora desconocidos: El subdirector general de Inspección, Abel Daniel Tagliatori, lanzó el armado de un antiguo equipo que trabajó durante los últimos años del interregno macrista en la AFIP. Allí están Sergio Rufail -quien trabajó codo a codo con Jimena de la Torre en la era Cuccioli-, Marcelo Costa (quien era director general de la DGI en ese momento) y el ex subdirector de Ingresos Sebastián Paladino. Llaman al grupo “Puerto Rico”por la confitería a la vuelta de la AFIP que sirve como punto de encuentro.
El trasfondo de la pelea.
Pero hay otro misterio que explica aún mejor por qué el primer blanco del juego de pinzas fue la Aduana, donde el gobierno de Macri percibió, desde el principio, que había una suerte de continuidad con la gestión anterior en la que la organización tenía un altísimo perfil. y promoción a través de Michel. La primera víctima en discutir un tema siempre bajo sospecha fue el caso que investigó el otorgamiento del SIRA durante el último tramo de la gestión de Massa. Ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Julián Ercolini encontraron elementos irregulares en su trámite y ordenaron el archivo del caso.
La nueva dirección designó como titular a Rosana Lodovico, quien venía de encargarse de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Pero antes de llegar allí en el gobierno anterior, su rol era el de encargada de la Aduana de Ezeiza. Ámbito reveló que, en agosto de 2021, ocurrió un episodio confuso cuando su antecesor durante el gobierno de Diego Dávila, Ramiro Roibas ingresó a la oficina de Lodovico y se llevó carpetas que presuntamente contenían documentación sensible, durante un feriado e incluso ingresó a su computadora.. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad e incluso se detectó que utilizó una credencial de empleado para acceder a las oficinas privadas. Terminó con una denuncia penal en el juzgado federal de Luis Armella.
La lluvia ácida que ahora cayó sobre Ludovico surgió de la reedición de información que era pública desde diciembre pasado. En su declaración jurada como funcionaria de Aduana ante la Oficina Anticorrupción, informó una deuda que corresponde a un préstamo mutuo por US$ 250.000 que Lodovico contrató en octubre de 2022, con la financiera Promarlon SA. La firma había estado involucrada -también como financiera- en un caso de contrabando por haber prestado a una empresa importadora que había realizado una operación irregular.
Sin embargo, en agosto de 2022, antes de que se concretara la operación de compra de un inmueble que declara Lodovico, el tribunal permitió a Promarlon pagar lo adeudado, acceder a una moratoria y extinguir la acción penal en su contra, algo que había solicitado en enero de ese año. . Aunque la Aduana fue un denunciante, La competencia exclusiva para otorgar o no otorgar la autorización era judicial, algo que resultó en un fallo mayoritario que firmaron el 5 de agosto de 2022, con base en un fallo fiscal que lo sustentaba. y que consideró cumplidos los requisitos de la Ley 27.653 para el pago de la deuda.
La discusión minimalista sobre una declaración jurada oficial oculta la verdadera lucha de poder que se está dando a cielo abierto y para la cual habrá que esperar para ver si las presiones para imponer liderazgo en la AFIP impactan en el Gobierno. Por ahora es el desafío más relevante con el que Macri busca desafiar a Milei.
