La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la representante de la Cámara de Amazonas, Yénica Acosta Infante (Centro Democrático). La acusa de presunta comisión del delito de malversación por apropiación.
Por tener UTL en el extranjero
Según relató La Silla, entre 2021 y 2022, la representante Acosta vinculó y mantuvo en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, a una asesora llamada Otilia Rodríguez, quien percibió varios sueldos mientras estuvo en Canadá. De hecho, según orden de la Corte, el funcionario asumió desde el país norteamericano.
Según una ley de 2020, los asesores de la UTL pueden trabajar en el Congreso o en los departamentos de los congresistas si es necesario, pero no fuera del país. Y mucho menos cobrar sus sueldos si no estuvieran trabajando en el extranjero.
El diputado Acosta dice que el funcionario sí trabajó, aunque fuera del extranjero. Pero ella no sabía de los viajes del funcionario. Sin embargo, el Tribunal lo cuestiona.
“A pesar de la vinculación formal de Rodríguez Lozano a la UTL del diputado Acosta Infante desde hace aproximadamente diez meses, a la fecha la Cámara no ha encontrado prueba de que la exasesora efectivamente prestó sus servicios como asistente 11 del parlamentario en los términos que exigió la posición”, le dice al auto.
“Esta hipotética situación pudo haberse dado con la aquiescencia y permiso de la Representante Acosta Infante, ya que fue ella quien posiblemente habría designado las funciones de Otilia Rodríguez Lozano, sin que dentro de estas existieran actividades propias de la efectiva prestación de servicios permanentes y temporales. completo, como exige la ley ante los integrantes de las unidades de trabajo legislativo”, agrega el documento.
Y es por eso que, por instrucciones del juez Misael Rodríguez, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación.
La gestión irregular de la UTL ha acabado con la pérdida de investidura de congresistas en el Consejo de Estado. Por ejemplo, en 2017, el entonces senador Carlos Enrique Soto fue decretado perder su investidura y destituido de su cargo por un tema muy similar.
